Arcenio Ortega Lozano, comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas, advirtió que la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, contiene puntos que representan un retroceso en los avances democráticos alcanzados en el país.
A través de un comunicado, Ortega Lozano indicó que dos aspectos resultan especialmente preocupantes: la modificación al esquema de representación proporcional y la reducción de recursos públicos para partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Explicó que el PT defiende el principio de “una persona, un voto” y que todos los sufragios cuenten en la conformación de la Cámara de Diputados. Actualmente, dijo, cada diputado federal representa el 0.2% del total del padrón legislativo, por lo que cualquier partido que alcance ese porcentaje en la votación nacional debería tener derecho a un escaño.
“En un país pluricultural, con tantas regiones y corrientes ideológicas, es indispensable garantizar la representación de todas ellas. Limitarla solo al segundo lugar en cada distrito, como se ha planteado, dejaría sin voz a millones de electores que optaron por otras fuerzas políticas”, afirmó.
Ortega Lozano recordó que el modelo instaurado en la época neoliberal por el PRI y el PAN ya favorecía a los partidos hegemónicos, al imponer un umbral del 3 por ciento para acceder a la representación proporcional, lo que excluye a minorías legítimas. “Ese sistema construye falsas mayorías y no respeta la diversidad política de México”, advirtió.
Sobre los recursos asignados a partidos políticos y al INE, el comisionado del PT dijo estar de acuerdo con reducirlos, siempre que el recorte sea igual para todas las fuerzas políticas.
“Proponemos disminuir al 50 por ciento el presupuesto destinado a los partidos, repartiéndolo de forma equitativa, así como distribuir en igualdad de condiciones los tiempos de radio y televisión”, expuso.
Rechazó la idea de eliminar las prerrogativas en años no electorales y sustituirlas con financiamiento privado. “El que paga, manda. Permitir aportaciones privadas abre la puerta a que empresarios condicionen sus apoyos para convertirse en proveedores del gobierno o, en el peor de los casos, que el crimen organizado financie partidos para garantizarse impunidad”, alertó.
Ortega Lozano concluyó que el financiamiento privado debe eliminarse totalmente y que las prerrogativas públicas, bajo estricta auditoría, son la única vía para garantizar equidad y transparencia en las contiendas electorales.
