La presidenta de México planteó ayer en su mañanera cuatro temas relevantes en el contexto de la delicada relación con el gobierno de Donald Trump: 1, “no al intervencionismo”, reiteró, ante la avanzada militar estadunidense que amaga con ir contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; 2, ¿por qué Estados Unidos negocia con personajes tipificados allá como terroristas, en este caso con Ismael Zambada, El Mayo?; 3, el rechazo a la declaración de la DEA de una operación conjunta denominada Portero, y 4, la exigencia de que haya pruebas de cada acusación derivada del contexto de los jefes del narcotráfico, que pronto declararán a contentillo de autoridades vecinas para aminorar sus penalidades.
Tiene gran interés, en especial, el hecho de que Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido advertir que sin pruebas no se moverá el aparato institucional mexicano, ante la alta probabilidad de que en cortes judiciales estadunidenses se produzcan declaraciones y acusaciones de capos contra ciudadanos (¿políticos y gobernantes?) e instituciones de México.
Analícese la forma en que lo planteó Sheinbaum en su conferencia matutina de prensa a pregunta relacionada con El Mayo Zambada y las previsibles negociaciones delatoras que podrían implicar a un amplísimo abanico de personajes, siglas partidistas e instancias gubernamentales:
“Cualquier información que el gobierno de Estados Unidos tenga, con pruebas, para ponerlo en la Fiscalía General de la República, y que nosotros hagamos, o la propia fiscalía haga sus –digo ‘nosotros’ como país–; que la fiscalía haga sus investigaciones y solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión: siempre que haya pruebas vamos a colaborar siempre, pero tiene que haber pruebas.”
El primer punto a debatir se refiere al entendimiento que se tenga de esas “pruebas”. El estándar probatorio en México es diferente del de Estados Unidos, al grado que casos notables, como el del jefe policiaco del calderonismo, Genaro García Luna, llegaron a una sentencia condenatoria con testimonios e indicios que el jurado consideró suficientes. Pero, aún sin llegar a esos extremos de diversidad procesal entre ambas naciones, en México puede librarse una orden de aprehensión a partir de pruebas indiciarias, sospechas fundadas e inferencias a partir de datos apropiados e incluso, en un escenario aberrante, expresamente repudiado por instancias internacionales, un acusado puede pasar hasta año y medio en prisión preventiva oficiosa sin que le hayan acreditado prueba alguna, sólo con la acusación hecha por una agencia del Ministerio Público.
La excavación anticipada de la trinchera probatoria da indicios, no pruebas, de que en la administración Sheinbaum están considerando con seriedad, o ya tienen adelantos oficiales, de los posicionamientos declarativos que Estados Unidos prepara a fin de que sean asumidos por los capos “cantantes”. Las quinielas en curso, que no pasan de ser eso, incluyen a personajes destacados de la llamada 4T, tanto en la administración actual como en la anterior, en ámbitos familiares, partidistas, legislativos, de gabinetes y gobiernos estatales.
Pero no hay nada en firme, salvo el hecho de que habrán de declarar en Estados Unidos varios capos, entre ellos Zambada, que es considerado una especie de archivo histórico de las relaciones del cártel de Sinaloa con políticos y gobiernos, y que el gobierno de Sheinbaum se atrinchera en el condicionamiento de que sólo actuará con pruebas.
Y, mientras la ministra Norma Piña decía ayer en su último discurso que “serán la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”, al cerrar la etapa del Poder Judicial Federal que da paso a una inusual integración mediante voto popular, que entrará en funciones el primer día del próximo mes, ¡hasta mañana, con la presidenta Sheinbaum proponiendo para embajador en Italia a Genaro Lozano, académico y ex conductor de programas de televisión!
Facebook: Julio Astillero
