El Tribunal de Disciplina Judicial de Tamaulipas mantiene abiertas 200 investigaciones contra personal de los órganos jurisdiccionales, debido a faltas que van desde una dilación -tardanza-, rendir informes, omisiones administrativas, entre otras.
Las principales acusaciones son; dilación injustificada en la impartición de justicia, inconformidad ciudadana con fallos judiciales y manipulación de expedientes.
Según explicó el magistrado Jesús Manuel Castillo Quintanilla, lo anterior forma parte del abatimiento al rezago de quejas y denuncias que había anteriormente en el exconsejo de la Judicatura del Estado, y que en su momento retrasó la impartición de la justicia.
Refirió que el Tribunal revisa las conductas de jueces y secretarios, algunas de ellas en un proceso, en el que se están sustanciando investigaciones para posteriormente iniciar el procedimiento, de tal forma que hasta ahora no se ha impuesto sanción, que en este caso correspondería a otra instancia.
“Hay dos comisiones, una de ellas es de investigación y otra de sustanciación, son un primer filtro en donde la comisión de investigación recaba todos los datos o indicios en contra de los servidores públicos y si se determina que hay faltas administrativas que sean procedentes se torna a la comisión de sustanciación”, detalló.
Dijo que a la fecha “sí se han remitido varias determinaciones, es decir, se han pasado a la comisión de sustanciación y ahí, depende del tiempo legal, se determina si es procedente o no es procedente emitir un fallo”.
Castillo Quintanilla comentó que, aunque la dilación o la omisión en la entrega de informes no son consideradas como faltas graves, una falla que amerite la destitución, podría ser, en materia penal, que no reservara en términos la situación jurídica de los inculpados.
Estimó que desde la creación del Tribunal de Disciplina Judicial a la fecha, posiblemente se cuente con alrededor de 20 investigaciones.
“Si la conducta es muy grave y se tienen que analizar diferentes circunstancias se remueve al juez, “pero debe de ser un proceso, en el que debe de proporcionarse seguridad y certeza al titular para que vea por qué pudiese darse a cabo esa consecuencia de remoción”, indicó.
