La justicia fallida de México

La reforma judicial ya fue aprobada. El gobierno la presentó como una transformación histórica del sistema de justicia mexicano, como prueba de que el país avanza hacia un nuevo Estado de derecho. Pero basta mirar el caso de Roberto González para entender que, detrás de la retórica oficial, poco ha cambiado.

En enero de 2017, Roberto fue brutalmente agredido en Playa del Carmen por Rodrigo Galán Gutiérrez, con la participación de María Fernanda Salcedo Medrano, en un ataque que lo dejó cuadripléjico de por vida. En cuestión de minutos, una agresión absurda destruyó su movilidad, transformó su existencia y cambió para siempre la vida de su familia.

Pero la violencia no terminó ahí.

Después vino otra, más lenta y burocrática: casi una década de litigio, recursos, apelaciones, amparos y maniobras dilatorias que han permitido a sus agresores retrasar el cumplimiento efectivo de la sentencia y postergar, hasta donde ha sido posible, su ingreso definitivo a prisión.

El resultado es tan brutal como obsceno: mientras la víctima cumple cadena perpetua en su propio cuerpo, quienes destruyeron su vida siguen litigando para evitar la cárcel.

Ese es el rostro de la justicia fallida de México.

Y el problema es que este caso no es excepcional. Es representativo.

La crisis de justicia en México no se limita a los cárteles, a la corrupción de alto nivel o a los grandes expedientes de impunidad nacional. También se manifiesta en la vida cotidiana, cuando el Estado es incapaz de ofrecer justicia pronta incluso en casos donde el daño es irreversible, la responsabilidad es clara y la necesidad de castigo parece indiscutible.

Que esto ocurra en Quintana Roo vuelve el caso todavía más revelador.

No hablamos de una región abandonada. Hablamos de uno de los motores económicos del país. Del escaparate turístico de México. Del territorio que el Estado vende al mundo como símbolo de modernidad, seguridad e integración global.

Pero detrás de los hoteles de lujo y la imagen del Caribe mexicano subsiste una realidad menos fotogénica: instituciones débiles, justicia lenta y un aparato estatal mucho más eficaz para administrar apariencias que para impartir justicia.

Esa es una de las grandes contradicciones del México contemporáneo.

Tenemos un Estado cada vez más sofisticado para proyectar institucionalidad.
Pero todavía profundamente incapaz de producirla.

Por eso la reforma judicial, hasta ahora, parece más simulación política que transformación real. Porque ninguna reforma constitucional vale demasiado si el sistema sigue funcionando igual en la práctica.

Desde luego, ningún sistema judicial es perfecto. Estados Unidos tiene problemas graves: encarcelamiento masivo, desigualdad estructural, selectividad racial. Pero incluso con todas sus deformaciones, conserva una capacidad muy superior para ejecutar sentencias una vez acreditada la responsabilidad penal en casos de violencia grave.

México, en cambio, ha perfeccionado otra forma de impunidad: la impunidad por dilación.

Aquí no siempre hace falta absolver al culpable.
Basta con dejar que el proceso se prolongue tanto que la justicia pierda sentido.

Ese es uno de los rasgos más perversos del sistema mexicano: su capacidad para simular legalidad mientras posterga indefinidamente la justicia.

El caso de Roberto González debería avergonzar a cualquier gobierno que hable de transformación institucional. Porque mientras una víctima cuadripléjica siga esperando casi diez años para ver ejecutada plenamente una sentencia contra quienes destruyeron su vida, toda narrativa oficial sobre reforma judicial carece de credibilidad.

Frente a ese abandono, Roberto convirtió su tragedia en denuncia pública mediante Hasta la Médula, una obra de teatro que narra no sólo la brutalidad de la agresión que sufrió, sino también la violencia institucional que vino después.

La obra retrata las consecuencias humanas de la violencia, la resiliencia frente a la devastación física y emocional, y la fuerza necesaria para seguir adelante cuando todo parece haberse roto. Invita a reflexionar sobre la empatía, la dignidad y el peso irreversible de nuestros actos sobre la vida de otros. No es sólo teatro testimonial. Es una experiencia humana intensa y necesaria.

Y deja una pregunta imposible de ignorar:

¿De qué sirve hablar de transformación judicial si una víctima cuadripléjica sigue esperando justicia mientras sus agresores continúan explotando el sistema para evadirla?

Mientras esa pregunta siga sin respuesta, conviene reconocer lo evidente:

La reforma judicial no ha corregido la justicia fallida de México.
Ha cambiado el discurso, no la realidad.