Angustiada madre denuncia actitud omisa de la Fiscalía General de Tamaulipas bajo la titularidad de Irving Barrios Mujica. Narra la Sra. Ma. del Rosario Santos Ramírez que:
«El 18 de abril de 2022, el padre de las hijas, Daniel Vázquez García, del que estoy legalmente divorciada, con custodia absoluta de mis dos hijas por mandato judicial desde 2020, se comunicó conmigo para pedirme que ellas lo acompañaran en su ceremonia de graduación de la Escuela de Sargentos en la ciudad de Puebla, Pue. Accedí a llevarlas el 24 de junio, día de la graduación, y dejarlas para pasar con él unos días en Tierra Colorada, Guerrero, de dónde somos originarios.
Posteriormente, accedí a que disfrutaran de parte de sus vacaciones de verano con sus abuelos paternos en la misma población, bajo el acuerdo de que el 30 de julio de 2022 mis hijas debían ser restituidas a mi lado. Estando mis hijas en Tierra Colorada, su padre me pide dejarlas más tiempo en Guerrero con el compromiso de regresarlas a nuestra casa en Ciudad Madero, Tamps., una semana antes del inicio de clases, entre el 19 y el 21 de agosto de 2022.
A partir de ese momento, no pude tener más comunicación con el padre de mis hijas ni con los abuelos paternos. Después de muchos intentos éstos me contestaron y dijeron que se encontraban en un lugar donde no había señal y agregaron que no podían regresar a las niñas por compromisos familiares, falta de dinero, dificultades para transportarse a Tamaulipas, etc. Pedí a una hermana residente en Tierra Colorada que fuera a informarse y no quisieron recibirla.
Ante la situación, me trasladé a Tierra Colorada. En el camino, la abuela de las niñas, Ángela García Epifanio, se comunicó conmigo para informarme que no me regresaría a mis hijas toda vez que tenía una orden de un juez que le otorgó su custodia, sin que me indicara qué autoridad emitió esa resolución, número de expediente o información alguna. Promoví, entonces, una serie de recursos legales con la intención de recuperar a mis menores hijas, pero todo ha sido en vano.
Todo se sustenta en una denuncia en mi contra y de mi pareja, una persona respetable que durante 5 años no ha dado afecto y protección a mí y a mis hijas, inclusive ha costeado mi carrera universitaria en la UAT, por violencia familiar contra ellas, de tal forma que, hasta no probarse la existencia o no del delito denunciado, no se me permite convivir de manera presencial con mis hijas.
En mayo de 2025, la Agente del Ministerio Público del Procedimiento penal Acusatorio y Oral Comisionada a la Unidad General de Investigación 2 de Madero, Tamaulipas, encargada de realizar la investigación correspondiente, con fundamento en los elementos de prueba recabados en la carpeta de investigación 023/2023, determinó a mi favor el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, al calificar dicha resolución, se determinó que el asunto no podía ser concluido hasta no conocerse el estado actual de mis hijas con apoyo de diferentes autoridades del Estado de Guerrero.
Es importante mencionar que, en dicha carpeta de investigación se presentan diferentes pruebas que muestran que mis hijas fueron sustraídas, retenidas contra su voluntad, y maltratadas por sus abuelos maternos, todo bajo el amparo de una denuncia sustentada en falsedad de declaraciones, pues incluso mis hijas han señalado en los peritajes psicológicos realizados por la Fiscalía del Estado de Guerrero, autoridad frente a la cual se presentó la denuncia, que sus abuelos las obligaron a mentir.
Así, lejos de resolver si existió o no maltrato de nuestra parte hacia mis hijas, la Fiscalía de Tamaulipas pretende investigar cuestiones que son ajenas al delito denunciado, evitando pronunciarse sobre la validez de la investigación que me exonera y permitiría el regreso de mis hijas a mi lado».
¿Podrá haber justicia para esta madre?
