Del Abogado amigo Luis Torre Aliyán
Apenas este viernes el Instituto Nacional Electoral determinó (con seis votos a favor y cinco en contra) que se pospusiera el ejercicio democrático de revocación de mandato, cuya fecha estaba programada para el próximo 10 de abril.
Dice el Consejero Presidente Lorenzo Córdova, que se trata de un aplazamiento, que no se detiene el proceso y que el INE no está en contra de la democracia. No obstante por el momento se frena todo.
Sostiene el INE que le hacen falta 2,300 millones de pesos para poder hacer el ejercicio de revocación de mandato bien hecho, que los más de 1,500 millones que hoy tienen para tal efecto es un monto insuficiente para cumplir con las características que la ley dispone.
Ante ello, el propio Instituto “molesto” con el Congreso de la Unión con el monto aprobado, recién promovió una controversia constitucional donde su pretensión es que La Corte ordene se le otorguen los recursos requeridos para efectuar ese proceso.
Evidentemente ante esta decisión del Consejo General del INE, el Presidente de la República tilda esas acciones de tácticas dilatorias y hasta de ‘chicanadas’, opinión con la cual coincide un sector mayoritario de la población -hay que decirlo pues resulta importante por el tema a bordo-.
Bien decía Pitágoras, estimado lector, que sobre todas las cosas pueden hacerse dos afirmaciones totalmente contrarias. Y en los puntos a debate jurídico cuando hay política de por medio, en México es cosa común.
Sin embargo, vale la pena echar el tiempo atrás para tener un panorama poco más objetivo de las cosas -sin profundizar ni pronosticar una futura decisión de La Corte en relación al tema.
Porque es un hecho notorio que exactamente por estas mismas fechas del año pasado, el INE acudió a La Corte con la finalidad de obtener presupuesto adicional para el ejercicio democrático de Consulta Popular, que se llevó a cabo este año.
El INE sostenía le hacían falta 1,500 millones de pesos. La Corte dijo no, y aún así se logró el ejercicio…
Y es que, recuerdo que la Consejera Electoral Dania Ravel señaló que derivado del contexto presupuestal adverso, el modelo diseñado para la realización la Consulta Popular fue pensado para cumplir únicamente estándares mínimos que permitieran garantizar los derechos de la ciudadanía.
Es decir, considero sí era posible que el INE saliera adelante con el ejercicio de revocación de mandato (tal como finalmente ocurrió con la consulta popular) sin tener que acudir de nuevo a La Corte, y menos debió el Instituto posponer su obligación constitucional de llevar a cabo el ejercicio, ya que no se trata de un asunto en el que el Instituto pueda echarle criterio, su realización es una orden jurídica derivada de disposición constitucional y legal que debe observarse. Punto.
En fin. Lamentable la decisión del INE de aplazar la revocación de mandato, desde mi enfoque por tratarse de este primer ejercicio de participación ciudadana sin precedente, la Institución encargada de garantizar el ejercicio de los derechos electorales en este país debió haber encontrado el cómo sí, antes de obstaculizar el más relevante ejercicio democrático del siglo en México.
