El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en contubernio y la complicidad del Congreso de Tamaulipas sumiso, al menos la mayoría panista, están obsesionados en obtener recursos extra pero con ciertas características: con la menor transparencia para el uso discrecional de los mismos y… que sean las administraciones futuras quienes se encarguen de pagarlos.
El primer intento fue en el mes de abril cuando la mayoría azul en alianza con el partido Movimiento Ciudadano aprobaron la iniciativa del gobernador para autorizar un crédito de 4 mil 600 millones, que no pudieron concretar por el descontento de la mayoría de los ciudadanos y el impedimento de la Secretaría de Hacienda para realizar esa operación financiera.
El mes pasado, nuevamente los legisladores aprobóla iniciativa del diputado del PAN, Arturo Soto, para reducir de 5 a 3 magistrados el número de integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas con el argumento de que “hay que buscar ahorros en la administración pública y aprovechar esos recursos para enfrentar la crisis provocada por el Covid-19”.
La propuesta dice que con esa “reducción” en el 2021 se destinarían los recursos ahorrados “para el combate de la Covid-19 pero… en el 2021 se les olvida que a propuesta de ellos mismos, estarían cinco magistrados funcionando en el Tribunal Electoral y en cambio de acuerdo su propuesta el 2022 y el 2023 y los años subsecuentes que habrían de estar únicamente los tres magistrados que proponen. Si llegara prosperar su iniciativa, ya no se menciona, curiosamente, el destino del ahorro del que justifican.
Por su parte, el pleno de la Cámara de Senadores, encargado del nombramiento de los magistrados decidió no modificar la convocatoria del original en la cual se convoca a los interesados a participar para ocupar un lugar en el tribunal electoral del estado de Tamaulipas por un período de 7 años, lo que significa que el Congreso tendrá que buscar alguna forma de impugnar el acuerdo de la máxima tribuna del país o, simplemente entender que NO SE PUEDE violar las normas existentes a su gusto.
Y VUELVEN A LA CARGA: PRÉSTAMOS PARA REESTRUCTURAR
En este mismo mes de octubre, la mayoría panista, en alianza con la fracción parlamentaria del PRI, aprobaron la iniciativa del ejecutivo del estado, que le autoriza a restructurar créditos adquiridos en 2018 por un monto total de 8 mil 500 millones de pesos.
De concretarse, tendrían un plazo de gracia de cuatro años y serían las administraciones futuras las que tengan que liquidar esos adeudos y ellos, tranquilos.
De manera poco transparente se dice que los ahorros generados por este préstamo se utilizarán para financiar los proyectos de salud provocados por la crisis de la Covid-19, sin embargo en la redacción de la iniciativa presentada por el gobernador García Cabeza de Vaca queda muy explícito que los ahorros generados se podrán utilizará en gasto corriente, lo cual ESTÁ PROHIBIDO, pues todos los recursos que son solicitados a través de financiamiento deben ser utilizados para proyectos productivos y nunca para gasto corriente.
Piensa mal y acertarás dice el dicho popular y creo que en esta ocasión dan en el clavo, para analizar y valorar en su justa medida las acciones que ha tratado de imponer la actual administración estatal, para hacerse de recursos precisamente en vísperas de la contienda electoral 2021, en la que habrá elecciones para la renovación de las 36 cururles legislativas, los 43 ayuntamientos de Tamaulipas y en forma forma concurrente la renovación de la cámara de diputados a nivel federal.
No cabe duda que el gobernador García Cabeza de Vaca y su congreso sumiso han perdido por completa la vergüenza y en forma descarada tratan de tener recursos ya sea para la próxima contienda electoral y/o para otorgarse sus bonos de fin de sexenio.
Sinceramente dan pena ajena.
