José Javier López García, abogado e integrante del equipo de defensa del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, dijo este miércoles que espera que se pueda dictar un auto de libertad para su cliente en los próximos días.
«Dependemos de la tramitología legal, no hay un tiempo establecido, sin embargo esperamos que pronto pueda obtener su libertad porque se ha demostrado puntualmente en cada una de las causas que es inocente», dijo López García en conferencia de prensa.
Agregó que «apresuraremos en la medida de lo posible y en lo que está en nuestras manos para que se dicten las resoluciones que le permitan obtener la libertad».
El abogado informó que el exgobernador de Tamaulipas, que cumplirá 63 años el próximo 17 de octubre, se encuentra preso por una causa por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le fincó el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
López García dijo que la justicia federal ya estableció que dicha causa tiene una fundamentación indebida, arbitraria e ilegal.
«Tenemos un amparo ganado y estamos esperando el cumplimiento de los jueces locales: si esto se materializa en días próximos podemos esperar un auto de libertad, eso es lo que la defensa considera que debe dictarse, esos son los asuntos que hoy lo tienen privado de la libertad de manera indebida», dijo el abogado.
Hernández Flores, quien gobernó la entidad de 2005 a 2010, fue detenido el 6 de octubre de 2017 e ingresado al penal de Ciudad Victoria; actualmente se encuentra preso en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México.
El pasado 19 de enero, un juez del Poder Judicial de Tamaulipas concedió un amparo al exgobernador, con lo que se decretó su libertad respecto al caso en que fue acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Ese fue el segundo amparo que un juez le concedió a Hernández Flores; el primero fue tramitado por el caso donde se le acusaba de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la presunta adquisición de dos predios de 1,600 hectáreas en Altamira, propiedad del Estado.
El tamaulipeco de 62 años tiene pendiente la resolución de un amparo para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas busca procesarlo por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero.
