En ejercicio del derecho de réplica y tomando en consideración el Código de Ética del diario digital que usted dirige, solicitamos tomar en consideración los siguientes aspectos, con relación al texto titulado «Los hombres del fiscal Irving Barrios», publicado el 22 de marzo en su portal.
1. Con respecto a lo mencionado acerca del vicefiscal Natanael Castelán Iturria, en que se menciona el cobro de una recompensa a quienes aportaran información para el esclarecimiento del homicidio del periodista Carlos Domínguez, en Nuevo Laredo, es muy importante subrayar que el otorgamiento de dichas recompensas implica todo un proceso basado en marcos legales, desde el momento en que un Comité analiza la procedencia y lo aprueba, hasta que los mecanismos que deben seguirse para la entrega.
En este proceso intervienen diversas personas que participan en el Comité y la decisión no recae en una sola persona, menos aún en cuanto a la entrega de recursos comprometidos.
Los dichos de los inculpados materiales en el homicidio se entiende son parte de sus argucias de defensa y, por tanto, carecen de sustento si no se comprueban.
Cabe mencionar que en el caso del homicidio de Carlos Domínguez sigue siendo objeto de un proceso. La defensa de los imputados recurrió a medios procesales que permitieron la libertad de los señalados, pero no su exoneración como probables responsables de hechos que, debidamente, acreditó el Ministerio Público.
2. En cuanto a lo mencionado sobre el Comisario General de Investigación, Olegario Contreras Macías, él está plenamente acreditado en el Registro Nacional de Profesionistas con cédula número 11515547 obtenida luego de acreditar estudios y el título de Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Uno de los requisitos para ocupar el cargo es contar con cédula y título los cuales son cotejados y validados por el Centro Nacional de Inteligencia cuando se presentan los exámenes de control y confianza.
Respecto a los señalamientos de diversos hechos ocurridos en el desempeño de sus funciones en Michoacán, carecen de veracidad toda vez que fueron investigados por las autoridades de esa entidad sin que se hayan encontrado elementos o pruebas de esos dichos, por lo que no se fincó responsabilidad alguna.
Por cuanto a la mención relacionada con el señor Iván Fernando Contreras, no existe ningún vínculo familiar con el comisario.
3. El caso de la agresión cometida por una jueza en contra de una servidora pública de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas se dio a conocer a través de un comunicado por dos razones: primero, debido a que a través de redes sociales empezaron a circular diversos textos especulando sobre los hechos y desvirtuando lo ocurrido en el interior de la institución; y, segundo, porque además de existir agresión física que causaron lesiones hubo amenazas graves.
Hacerlo público tuvo como fin transparentar lo ocurrido cuidando no entrar en detalles de aspectos de carácter personal relacionados con los involucrados.
Agradezco a usted tomar en consideración estos aspectos que pueden contribuir a que su audiencia cuente con los elementos adicionales de información que les permita tener un contexto amplio y balanceado de los acontecimientos.
Atentamente
El director de Comunicación Social
Rodrigo Iván Moyle Santamaría.
