El proceso de descentralización que por muchos años se aplicó en nuestro país, proceso lento, tortuoso, con avances y retrocesos, llegó a su fin con morena, para dar paso a la dinámica inversa, que tiende a la concentración de recursos, facultades, atribuciones, programas y decisiones.
El gobierno federal, con AMLO y con Sheinbaum, dejó de transferir recursos económicos a los gobiernos locales, municipales y estatales, con el criterio de que los gobernadores y los presidentes municipales son muy corruptos.
Casos emblemáticos los tuvimos con las obras que la SEDATU realizó en algunos municipios, en años previos a las elecciones locales, con dinero que ya no fue transferido a los ayuntamientos.
Por la magnitud de las instituciones y los recursos que manejan, humanos, materiales y económicos, al gobierno federal se le ha complicado el control del sistema de salud pública, que también experimenta un proceso de centralización, con el correspondiente despojo a los gobiernos estatales de las facultades para administrar esos servicios.
Los gobernadores no han resistido el despojo de esas atribuciones, y en vez de defender lo que ya tenían, replican el modelo en un intento de recuperar facultades y negocios, a costa de los gobiernos municipales.
Así tenemos que los gobernadores entregan sin chistar recursos, como es el caso del sistema de salud al IMSS Bienestar, o a la ocurrencia en turno, pero a la vez pretenden despojar de recursos, facultades y atribuciones a los municipios, y como botones de muestra tenemos a los organismos operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado y la muy reciente de la policía de tránsito vehicular.
La concentración de poder no es buena, no lo es al menos para los habitantes de la periferia, que somos mayoría, tanto en el país como en la mayoría de los Estados, y desde luego que eso aplica en Tamaulipas donde la capital solo alberga al diez por ciento de la población.
La tendencia a concentrar atribuciones a costa de las instituciones más débiles, en este caso el municipio, constituye una regresión y es una política que históricamente han defendido los gobiernos conservadores y/o de derecha, y por eso es más absurdo que la apliquen los gobiernos que se dicen progresistas y que pretenden ser los precursores y ejecutores de la cuarta transformación histórica de nuestro país.
Con Cabeza de Vaca fue el impuesto predial, con este gobierno el agua y la policía de tránsito. Me parece que los habitantes de la periferia, los no capitalinos, los progresistas y los que conocemos la historia, debemos resistir a ese intento de centralizar aún más la vida pública y la toma de decisiones.
Al margen de la opinión que nos merezca el presidente municipal en funciones, debemos defender la institución, que es la autoridad más cercana al pueblo.
Y si el Estado quiere ampliar su esfera de competencia y los recursos a administrar, pues que defiendan lo que ya se tenía y que se amplíen a costa del gobierno federal, que sigue siendo muy grande.
(OD/AM)
