La defensa de las familias de cinco víctimas mortales y dos sobrevivientes piden que se investigue a 17 militares más involucrados en los hechos del 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En un comunicado, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que dirige Raymundo Ramos Vázquez dio a conocer que la Fiscalía General de la República acusa a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones graves para dos víctimas sobrevivientes.
La Fiscalía General formuló imputación es por delitos cuya penalidades de 60 años de prisión por cada víctima, «se presentaron pruebas de abuso de autoridad cometida por los imputados quién es disparado en promedio a tiros cada uno en contra de los ocupantes de una camioneta tipo picó en donde se trasladaba el grupo de jóvenes desarmados».
También se ha solicitado la investigación del capitán Elio conde Toledano por evitar que sus subalternos privaron de la vida del grupo de jóvenes además de otros delitos que habían cometido entre ellos, encubrimiento, informes falso a una autoridad, sustracción y alteración de evidencia, tortura y abuso de autoridad entre otros.
Por otra parte el juez federal Marco Guadalupe Sáenz González que analiza la causa penal 46/2023 difirió para el miércoles 12 de abril la audiencia de vinculación a proceso en contra de los cuatro militares presos en una cárcel militar de la Ciudad de México y atendieron la audiencia de formulación de imputación vía remota.
La audiencia inicial comenzó este lunes por la mañana a cargo del juez Marco Guadalupe Sáenz González y en contra de los imputados Agustín «N»; Juan «N»; Bernardo «N» y Jorge «N».
«Las víctimas mortales de esta masacre cometida por un grupo de militares son Gustavo Pérez Benites; Wilbert Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez; Gustavo Ángel Suárez Castillo; y Alejandro Trujillo Rocha así como los sobrevivientes Alejandro y Luis Gerardo», informó el Comité.
El pasado 22 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó una recomendación al titular de la Sedena por la muerte de los jóvenes a manos de soldados.
En la recomendación, la CNDH dijo que logró acreditar que los militares violaron el derecho humano a la vida «con motivo del uso excesivo de la fuerza a través del uso ilegítimo de las armas de fuego» que derivó en la muerte de los jóvenes.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no se encubrirá a nadie por este hecho y que «no se puede ejecutar a nadie» en el país.
