Pese a que durante seis días continuos se han registrado bloqueos y protestas en contra de la obra para la privatización de la carretera Rumbo Nuevo, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que ya se llegó a un acuerdo con las autoridades ejidales.
Cepeda Anaya mencionó que de momento la obra está suspendida, pero que no hay razones para cancelarla, sin embargo, declaró que existe una cláusula de cancelación en el contrato en caso de ser necesario.
Destacó que las protestas que prevalecen son por parte de un grupo de personas inconformes quienes mantienen bloqueos en la zona.
«Las negociaciones ya se llevaron a cabo, hay un pequeño grupo inconforme todavía, pero los acuerdos ya se hicieron con las autoridades ejidales» mencionó.
Señaló que se ha manejado un costo de entre 51 mil a 80 mil pesos por hectárea y que el pago de las indemnizaciones se hará en total por ejido para hacer participe a toda la comunidad ejidal.
«Ya miércoles, jueves y viernes se han estado haciendo los convenios y se prevé que para la siguiente semana se les entregué su indemnización, después de varios sexenios», afirmó.
Continúan bloqueos
Pese a que las autoridades señalan que el acuerdo se logró con autoridades ejidales, este domingo continúan los bloqueos en el ejido San Antonio, donde desde el pasado 19 de febrero, cuando ejidatarios pidieron al gobernador, Américo Villarreal, la solución de este conflicto.
Pobladores de los ejidos San Antonio, El Huizachal, La Reforma, Sierra Madre, Francisco Medrano “Las Pilas” y San Juan de Oriente fueron quienes se concentraron para manifestar su descontento con la privatización.
A lo largo de la semana, los ejidatarios continuaron con protestas con las que cierran la circulación en la zona durante el día, permitiendo únicamente el paso a personas con alguna emergencia.
Las protestas se levantan durante la noche, permitiendo el paso de los vehículos en dicho horario.
En diciembre del 2023, Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas del Estado dio a conocer que la carretera Juan Capitán-El Chihue, conocida como Rumbo Nuevo, fue concesionada por 30 años a la empresa Infra quien entregará al Gobierno de Tamaulipas 664 millones de pesos.
Cepeda Anaya mencionó que la privatización es algo necesario debido al mal estado en que se encuentra esta vía, pues desde hace años no se le da el mantenimiento pertinente y hacerlo en este momento, costaría más de 800 millones de pesos, por lo que las demás carreteras del estado se quedarían sin mantenimiento.
Posteriormente, en entrevista para En Un 2×3, el funcionario aseguró que los vecinos de la zona se beneficiarán ya que pretenden pagar las hectáreas que serán utilizadas por el gobierno estatal y no cobrarles el tránsito por la carretera.
