El Congreso de Tamaulipas aprobó echar abajo un contrato de la pasada administración cabecista bajo la modalidad de Asociación Público Privado (APP) para la videovigilancia en Tamaulipas por 4 mil millones de pesos comprometidos a seis años.
La iniciativa, presentada ante el Pleno del Congreso local por la diputada Magaly Deandar Robinson, plantea la necesidad de que los recursos destinados a este tipo de contratos se utilicen exclusivamente para tareas de seguridad pública como el mantenimiento y el fortalecimiento de la estructura de videovigilancia del estado.
«Esto permitirá que las labores de conservación de la paz pública se fortalezcan ya que la cancelación de este contrato no implica inobservar ni desatender esta parte sino que se seguirá invirtiendo en estrategias que tengan como fin erradicar la violencia», apuntó en tribuna.
El dictamen, enviado previamente desde Comisiones, fue aprobado en lo particular y en lo general con 21 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones por lo que se expidió el decreto correspondiente que será enviado al Ejecutivo estatal para los efectos constitucionales.
El presidente de la Comisión de Finanzas en el Congreso, Isidro Vargas Fernández, detalló que ese contrato multianual comprometía recursos de la presente administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, por lo que se procedió a quitar esa etiqueta y liberar dicho fideicomiso.
«Hoy se aprobó en el Presupuesto de Egresos que se quitara esa etiqueta para esa APP, fideicomiso, para que ese recurso liberado luego de que ya fue cancelado el contrato por el Gobierno del Estado se canalice al mismo rubro de seguridad», explicó.
Expuso que el ahorro que se va a generar, tras la cancelación del contrato para los 2 años que le quedaban (2024 y 2025) será de 442 millones de pesos, aunque se tiene que pagar una indemnización a la empresa Tres-10.
«Exhortamos a la Contraloría Gubernamental a que haga la investigación a fondo y que si detecta alguna conducta de corrupción se castigue y también que se llegue a la última instancia».
Sostuvo que este tipo de contratos son lescivos para las arcas estatales, por lo que espera que no haya más de este tipo y si el Gobierno estatal detecta algún otro, el Congreso colaborará para que sean cancelados y los recursos redistribuidos.
«El contrato era del famoso monitoreo que le llaman, mantenimiento del tema de las cámaras que es un precio que consideramos nosotros muy elevado de 67 millones mensuales, que no hay cámaras en todos los municipios, pero donde las hay es un costo muy elevado», finalizó el legislador en entrevista.
