La Consejera Jurídica del Gobierno estatal, Tania Contreras López, lamentó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tiene congeladas dos de las ocho denuncias contra el exgobernador y exsecretario General de Gobierno, Francisco García Cabeza de Vaca y Gerardo Peña, respectivamente, por entregar de forma irregular al menos 60 de 80 patentes y FIAT de Notarios.
“En las carpetas de investigación que no se han judicializado ante la resistencia de la Fiscalía Anticorrupción, hay declaraciones de que no se siguió el procedimiento de ley para asignar las patentes y fiat para Notarios Públicos”, precisó la funcionaria estatal.
Dijo que se han realizado diversas diligencias, pero lamentablemente no van encaminadas a nada, a pesar de las evidencias contundentes de que se violentó la ley.
Lamentó que a casi dos años de los hechos no se haya judicializado una sola carpeta por esos hechos.
“Hubo una entrega irregular de las patentes y FIAT, lo cual agravia a la sociedad, eso lastima a la ciudadanía”, reiteró.
Contreras López consideró que la Fiscalía debe actuar ante las pruebas presentadas, independientemente de que los principales involucrados son exfuncionarios de la administración anterior.
Recordó que de los 80 beneficiados con patentes y FIAT, al menos 60 renunciaron voluntariamente y, los 20 restantes fueron revocados por la dirección de Notarías y hay algunos casos en litigio.
“Lo hemos dicho en semanas pasadas, los que han podido o en las que hemos presionado para que pueda solicitarse la judicialización, pues hemos tenido también señalamientos de jueces y magistrados del Poder Judicial de que hay una indebida integración».
Y agregó que sí existe dolo o negligencia, en cualquiera de las dos conductas, pues es en agravio de la sociedad tamaulipeca, porque finalmente cumplimos por órdenes del Gobernador con la tarea de cero impunidad y revisar a detalle en qué condiciones encontramos la administración pública.
“Ahí están los resultados de la labor que se hizo al interior de las secretarías y esto debe tener una consecuencia, no basta con que se ponga a disposición de la autoridad, sino que estamos impulsando a través de la Consejería y los departamentos jurídicos de cada una de las dependencias de que se logre llevar a los responsables a la justicia y que rindan cuentas por sus actos”.
Destacó que el proceso penal como tal, se encuentra regulado a nivel nacional por un código nacional de procedimientos penales, sin embargo, las conductas de los servidores públicos, omisas o negligentes, son regulables a través de la entidad federativa, es decir, esa conducta pudiera ser revisada por los legisladores de la próxima diputación.
«Van casi dos años y los resultados los podrán ver en el informe. Tenemos tres carpetas de investigación judicializadas y con el número de denuncias que se han presentado, 64, no corresponde a la realidad de justicia que merecen los tamaulipecos».
