El talante intervencionista de quien hoy presentará sus cartas credenciales como embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (no es excesivo recordar que es un coronel en retiro del ejército de su país, boina verde y fue agente explícito de la CIA), no se queda en el ámbito de lo militar y el espionaje, sino de manera abierta en la siembra y riego (riegue, también) de la opción electoral deseada e impulsada por Donald Trump para la Presidencia de México, el colaboracionista Eduardo Verástegui, el excantante y actor que fallidamente buscó ser candidato independiente en 2024.
Luego de reunirse con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, Johnson estuvo en una cena privada que organizó el ultraderechista Verástegui. Según el reporte de un medio identificado con esa corriente ideológica (al que validó al reproducirlo en X), el ex actor que invoca a Dios y propone el rezo diario del rosario como solución a los problemas del país fue señalado especialmente por el embajador boina verde: Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias a México y a mi hermano que está aquí.
Así que no hay duda: el personaje que significa, promueve y pretende dar marco amable a los intereses de Estados Unidos en México es Eduardo Verástegui. Cierto es que no tiene base social (depende de los cálculos de los mandos eclesiásticos igualmente ultraconservadores), experiencia administrativa o política (no ha sido ni regidor) ni un discurso que ideológicamente vaya más allá de la histeria simplona y la recurrencia a la divinidad. Pero detrás de él están los intereses trumpistas.
Este domingo se intentó realizar en Corcovada, del municipio de Villa Hidalgo, en San Luis Potosí, una asamblea extraordinaria de ejidatarios en cuyo orden del día se incluía la pretensión de vender 426 hectáreas a Cemat Construction, una firma ligada a empresas de Ricardo Salinas Pliego. Pobladores y campesinos impidieron que los abogados representantes de los interesados en comprar pudieran ingresar al salón ejidal. Patrullas y policías estatales vigilaban desde temprana hora.
A fin de cuentas, se abrió una sesión en la que un funcionario de la Procuraduría Agraria, del gobierno federal, informó a los reunidos que luego de un análisis jurídico se había determinado que no tendría validez esa asamblea por incumplimientos legales varios (la opinión jurídica de la Procuraduría Agraria: https://goo.su/HOJhY6Y). Finalmente, los ejidatarios aceptaron el resolutivo y cerraron la reunión. Quienes se consideren afectados tienen, naturalmente, una instancia judicial para recurrir.
La postura de la Procuraduría Agraria, cuyo titular es Víctor Suárez Carrera, se da en un marco de denuncias contra Cemat-Salinas Pliego, que anuncia como objetivo la creación de una empresa relacionada con materiales de construcción pero, además, incluye la posibilidad de explotaciones mineras en una zona donde hay residuos de oro (lo que abre el camino a formas sumamente dañinas de extracción, a cielo abierto, como en Cerro de San Pedro) e indicios de litio.
El caso fue atendido en sus últimos detalles por la Procuraduría Agraria (que ya le daba seguimiento puntual a partir de gestiones de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito y otros activistas), luego de indicaciones de revisión que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum la mañana del pasado viernes.
Queda camino jurídico, mediático y político por recorrer en el que será fundamental la defensa del medio ambiente por parte del gobierno federal. Por lo pronto, en esta primera fase, la organización social, la denuncia y la protesta han tenido respuesta en el gobierno federal claudista, en un contexto nacional cargado de casos similares al de Corcovada, mutatis mutandis (cambiando lo que se deba cambiar).
Y, mientras se rinde un informe técnico confiable sobre lo sucedido al buque mexicano Cuauhtémoc, aunque voces opositoras destempladas ironizan a conveniencia, ¡hasta mañana!
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