«Si no hay buenos resultados, no puede haber impunidad, nadie puede ser absoluto en ningún nivel de la escala, nadie debe sentirse absoluto», dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 19 de octubre en conferencia de prensa en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El mandatario se refería a los casos de fiscales estatales que han ocupado sus cargos por más de un sexenio (como es el caso de Irving Barrios Mojica) sin que hayan dado los resultados que se esperaban de ellos.
Y a juzgar por un reciente estudio coordinado por la Universidad de las Américas Puebla, la Fiscalía tamaulipeca está reprobada en procuración de justicia.
Tamaulipas es el séptimo estado peor evaluado en México respecto al componente funcional de su sistema de justicia, según el Índice Global de Impunidad de México 2022.
Este componente analiza las causas penales en primera instancia entre carpetas de investigación totales; sentenciados entre ingresos penitenciarios; y porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia.
También estudia las víctimas registradas en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público; y las causas penales y expedientes ingresados.
De esta manera, los estados peor evaluados en este rubro fueron Oaxaca (46.81); Michoacán (46.05); Estado de México (44.98); Veracruz (43.92); Campeche (43.20); Tabasco (41.12); y Tamaulipas (40.63).
Además, la entidad ocupa el noveno lugar a nivel nacional en cuanto a la impunidad por homicidios cometidos.
De esta manera, Tamaulipas es uno de los estados donde «los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal aún prevalecen».
Estados como el nuestro no cuentan con instituciones especializadas de investigación expertas, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio, según el Índice Global de Impunidad.
«La impunidad es una forma de injusticia que es creada y reproducida políticamente, y la falta de capacidades institucionales, en un contexto marcado por una profunda crisis de inseguridad y violencia, es resultado de factores como la corrupción, la negligencia o la decisión deliberada de no incluir como una prioridad de la agenda pública y no asignar los recursos presupuestales suficientes para el desarrollo de capacidades para la justicia, la seguridad y la protección de los derechos humanos», refiere el análisis.
A pesar de estos resultados negativos, el estado mostró una mejora en los indicadores de impunidad, comparándolos con los resultados de 2018, pues pasó de ser la segunda entidad federativa con mayor impunidad, a ubicarse por debajo de la media nacional.
