La titular de la Contraloría Estatal, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que hasta agosto, se han integrado más de 2 mil 600 Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa (Epras).
Refirió que constantemente se ha solicitado a los titulares de las dependencias gubernamentales informar posibles casos de nepotismo o conflicto de intereses.
“La Contraloría constantemente está solicitando información a los titulares de cada dependencia, sobre presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos o bien, cuando reciban denuncias por posibles actos de corrupción, nepotismo, conflictos de intereses, entre otros”.
Añadió que la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya ha sido de estar muy pendientes de la actuación del servidor público y dar respuesta pronta a las quejas y denuncias que haga llegar la población en general.
La funcionaria estatal, dijo que, del resultado de los expedientes, 11 se turnaron al Tribunal de Justicia Administrativa, cuatro más a la Fiscalía Estatal en Combate a la Corrupción y tres han sido inhabilitados.
Pedraza Melo sostuvo que cinco expedientes se turnaron también a la Fiscalía General de la República (FGR) y cinco más a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ser temas de competencia federal, que no le corresponde a la Contraloría del Estado resolver.
De acuerdo con la ley un exfuncionario resulta con sanción en tres casos; el primero con tres años de cárcel o pago de multa, la reparación del daño cometido en agravio del erario o bien, la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
“De los 2 mil 600 Epras que se han iniciado, en 120 de ellos se elaboraron informes por presunta responsabilidad administrativa, y la Contraloría del Estado sancionó a 33”.
En el caso de los 120 informes de presunta responsabilidad administrativa, comentó la contralora estatal, en 12 de ellos fue por cometer faltas graves y 108 por las consideradas como menores o bien, no graves.
“Por lo que se refiere a los 33 sancionados por la Contraloría, en nueve de ellos solamente fueron amonestados, aunque 24 de ellos quedaron inhabilitados para ejercer un cargo en la administración pública”.
