La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apuntó que se revisará la resolución de la Suprema Corte de Justicia que avaló imponer mayores requisitos a la UIF para el bloqueo de cuentas bancarias en casos de investigaciones de lavado de dinero promovida por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que revisarán una resolución de la Corte donde se limitan las facultades de la UIF para el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con el crimen organizado y que fue promovida por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco ‘N’. pic.twitter.com/BqEzaDYZRK
— @EnUn2x3 (@EnUn2x3) October 10, 2024
«Lo estamos revisando, les pedí hoy a la consejera jurídica y al doctor Zaldívar que analicemos cuáles son las implicaciones, exactamente a qué se refiere esta resolución porque tiene que ver con lavado de dinero en el extranjero. Entonces, lo vamos a revisar para poder darles nuestra opinión», apuntó.
Previamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, con tres votos a favor y dos en contra la resolución de la contradicción de criterios 268/2023, en la que apareció como denunciante José Alfredo Cavazos Mercado, abogado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Para que la #UIF de @Hacienda_Mexico pueda realizar un bloqueo financiero de personas cumpliendo una obligación internacional, debe existir una petición expresa de autoridades extranjeras u organismos internacionales: #SegundaSalaSCJN
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Dicha resolución implica el aplicar mayores medidas para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda pueda proceder al congelamiento de cuentas solicitadas por autoridades extranjeras.
El proyecto fue presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán y plantea la necesidad de la definición del término “petición expresa” como requisito para que una autoridad extranjera pueda solicitar al Gobierno de México el congelamiento de una cuenta bancaria por parte de la UIF.
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres señaló que con dicho criterio se estarían imponiendo nuevas medidas que no están contenidas en la Constitución ni ninguna otra ley así como tampoco en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional, por lo que lo calificó como un facilitador de impunidad.
«El criterio que se propone, por lo excesivo de los requisitos que se pretenden fijar, constituye un facilitador peligroso de impunidad, pues se está exigiendo para que sea válido que las autoridades extranjeras expresamente hagan mención del bloqueo y las autoridades mexicanas revisen las atribuciones y competencias de las extranjeras«, aseveró.
